¡ Auditoría ya ! ¡No al pago de la deuda ilegítima !
¡ No al ajuste de Redrado y la partidocracia !
En buena hora se produzca un gran debate nacional —como ha propuesto Pino Solanas— sobre la cuestión estratégica de la deuda externa, que nos permita abrir la posibilidad de liberarnos de un tributo imperial impuesto sin ley por la prepotencia de la usura internacional y la traición de los vendepatrias locales que han oficiado de mandaderos y comisionistas por cinco décadas. Aunque dudamos que la partidocracia abandone repentinamente su arraigado cipayismo y pueda dar una lección de dignidad nacional, el debate pondría en conocimiento de muchos argentinos la verdad de los hechos que todavía ignoran y ayudaría a desenmascarar a los agentes locales de los peores negociados practicados contra de la Nación.
No hablaremos aquí de las recientes idas y venidas alrededor del golden boy Pérez (alias Redrado) pues esto oscurece la cuestión central. Digamos, simplemente, que a nadie asusta que la Presidenta pueda exigirle la renuncia a un embajador, o a un general (también ellos son nombrados con acuerdo del Senado) pero sí que lo haga con el presidente del BCRA. Es que la patria financiera tiene en el BCRA autónomo su Caballo de Troya dentro del Poder Ejecutivo, tolerado por este gobierno y los anteriores, que se negaron a modificar la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del BCRA, a pesar de existir un proyecto en tal sentido de la hoy presidenta del BNA, Marcó del Pont. Primero fue Prat Gay, hombre de la banca Morgan; luego Redrado, un Cavallo boy; y para terminar de arreglar las cosas, piensan poner a Mario Blejer, hombre del FMI y del Banco de Inglaterra. Mientras los manes de Martínez de Hoz y Cavallo sigan en el BCRA será imposible desarrollar una política financiera verdaderamente nacional.
En virtud de los recientes sucesos producidos a raíz de la creación del Fondo del Bicentenario se han perfilado tres posiciones públicas con presencia en los medios:
1.- La que sostiene Proyecto Sur casi en soledad: que la deuda debe ser investigada antes de pagar y luego abonar sólo lo que corresponda.
2.- La propiciada por el gobierno: que se debe pagar sin más y que puede hacerse con reservas del BCRA.
3.- La sostenida por la oposición, con cacareado apoyo mediático: que se debe pagar y sólo debe hacerse con superávit fiscal.
De las tres posiciones detalladas, en realidad quedan dos, pues la tercera es falsa (y la peor de todas). Porque para pagar con superávit fiscal (pesos) habría que comprar en la plaza los dólares requeridos para girar al exterior. Ello haría subir la cotización de la moneda extranjera (seguramente un efecto deseado por algunos), es decir, produciría una devaluación del peso. Si se quisiera evitar este efecto, el BCRA debería salir a vender los dólares equivalentes, con lo cual la salida de las reservas en moneda extranjera se vería igualmente producida. Si no se quisiera evitar la suba de las divisas, todo el pueblo vería encarecido su costo de vida por incremento del precio de los bienes importados y exportados y la consecuente incidencia en el resto de los precios (inflación). En definitiva, siempre se paga con reservas pues, o se sacan de las existentes, o se sale a comprar dólares que podrían destinarse a reservas pero se destinan a otro fin (como si se reservaran y luego se aplicaran al pago de deudas).
Lo que la oposición busca, entonces, es una devaluación y esterilizar superávit fiscal para que él no pueda destinarse al gasto público, pecado supremo de todos los populismos. Bajo el manto del purismo procesal, la oposición intenta controlar hacia la baja el gasto público, herramienta fundamental para producir crecimiento económico y no vernos afectados por la crisis internacional. Y claro, sin poner en duda el pago a la usura. La ferocidad con la que impulsan esta política dice a las claras que el ultra neo-liberalismo goza de buena salud en la partidocracia local y que está dispuesto a todo para evitar que el gobierno utilice el gasto público como medida reactivante y generadora de empleo (aunque lo haga por debajo de lo necesario y posible), con los beneficios electorales que esas políticas keynesianas podrían proporcionarle a sus ejecutores. No casualmente han sido los representantes del PRO y del pan-radicalismo los más enérgicos atacantes del gobierno —y los propiciadores de este nuevo ajuste sobre las espaldas del pueblo— acompañados por los Rodríguez Saá y sus abogados del menemismo Barra y Liendo, por constitucionalistas asesores de la dictadura y por casi todo el "periodismo independiente".
Reducimos entonces las opciones a dos. Y nosotros elegimos —sin dudar— la primera, la que sostienen Pino Solanas y Proyecto Sur y siempre hemos promovido desde Causa Nacional, de investigar la deuda y mientras tanto aplicar las reservas excedentes a las importaciones imprescindibles para un fuerte despegue industrializador y generador de infraestructura.
Pero hay otro tema. ¿Era este el momento para iniciar una causa penal contra la presidenta por intentar pagar la deuda sin investigar, presentándola como la única representante de esta posición pagadora? ¿No están o estuvieron en la misma situación el propio Kirchner por su pago al FMI y todos los presidentes anteriores, prestos entregadores del patrimonio del pueblo a favor de la usura? ¿No aparece esta causa como muy funcional a los intereses espurios de la peor oposición, justo en momentos en que ha arremetido con toda la furia destituyente contra el gobierno pero también contra los intereses del Pueblo?
Agrupación Causa Nacional
15 de enero de 2010
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