Una especie de claudicación

Juan Bautista Alberdi
Complicidad de la Prensa
en las Guerras Civiles
de la República Argentina

Desesperanzados y agobiados por una vida de derrotas y contrariedades que cubrió medio siglo de evolución política a contramano de sus ideales y esperanzas, algunos viejos luchadores y revolucionarios, en lugar de afirmar sus posturas originales, tan necesarias antes como ahora, se desprenden de su consignas de ayer como de un lastre inútil y se van conformando poco a poco con «lo que hay». Ya no tienen tiempo para esperar «milagros»; se les hace imprescindible encontrar algún sucedáneo que los consuele. Lo «menos malo» pasa a ser una opción y a su defensa dedican sus devaluados ímpetus. Sus posiciones de antaño son dejadas en un rincón donde permanecerán hasta que cambien (¿cuándo? ¿por qué ¿cómo?) las relaciones de fuerza y las nuevas condiciones políticas permitan retomar los sueños de ayer.

Ni miras de luchar ahora por una alternativa mejor: las actuales condiciones políticas no son favorables (por lo visto, ellas no pueden modificarse, ni siquiera desde la cumbre del poder legítimo); «lo que hay» alcanza porque «lo otro es peor». ¡Vaya profundidad de pensamiento! Siempre habrá algo peor, sobre todo cuando no se actúa en pro de algo mejor y con ello se contribuye a sostener congeladas las condiciones vigentes. A los neo-liberales activos de los noventa y a su descendencia menos dinámica, porque se abroquela en posiciones ya ganadas, oponen una suerte de neo-conservadurismo pasivo, basado en el mismo pragmatismo de aquellos, carente de voluntad para soñar y actuar con la intención de lograr precisamente «lo que no hay», que podríamos resumir en una nación justa, libre y soberana. Se quedan con «lo posible» justamente quienes habían hecho un culto de «lo imposible», que era así sólo para los conservadores y reaccionarios, pues estaba —y sigue estando— afirmado en la necesidad concreta de las mayorías de transformar una realidad que continua siendo inaceptable. Quedarse con «lo posible» es allanar el camino a los sectores conservadores, los verdaderos expertos en esta materia, que nunca osarán incurrir en la falta de «seriedad» o en la «aventura» de imaginar otro modelo, otra sociedad, otro país.

Como el Dr. Pangloss del Cándido de Voltaire, consideran que las cosas son así y que está bien como están. Como si se tratara de un tiempo final que debe consolidarse sin más o con muy poco más, una suerte de fin de la historia pseudo progre sin alternativa. Las vastas mayorías sin presente ni futuro parece que no existen o que deben esperar resignadas a que algún día más o menos lejano les llegue su turno. Y quienes tienen otras propuestas son considerados irresponsables que ponen en peligro la vigencia de un modelo «nacional y popular» que honra la deuda falsa porque es muy difícil separar lo real de lo fraudulento (como las uvas están altas, resulta que están verdes) y debido a que la sucesión de pagos y renovaciones habría producido «una especie de legalización» de la deuda; una coartada miserable e indigna de alguien que pueda ser considerado un intelectual. Porque ¿qué significa «una especie de legalización»? ¿No estaremos en presencia de «una especie de claudicación» (sin especie, sería más justo) alimentada por la complacencia de quienes arriaron las banderas y quieren simular que las mantienen en alto? Pues hasta hace pocos años catalogaban a los gobiernos posteriores a la dictadura de Videla-Martínez de Hoz como servidores del orden imperial que habían asumido el pago de una deuda espuria legada por el Proceso. Ahora quien repite la historia merece otra calificación y hasta se lo apoya. Una sospechosa alquimia ha transformado lo que hasta ayer era reprochable y lo ha convertido en algo inevitable, cuando no necesario y hasta beneficioso. Para ello se recurre a la asombrosa categoría justificatoria de «una especie de legalización» que habría operado recién a partir de la era K, pues nunca antes se había aceptado esa coartada cuando la alegaban los anteriores gobiernos que también se desvivían por «honrar» la deuda; esto es, honrar la usura internacional y la local asociada a ella (¿cuántos bonos estarán en manos de «argentinos» conocidos y prósperos?).

Pero hay más coartadas y más miseria intelectual: «rechazar las medidas de este gobierno es hacerle el juego a la oposición de derecha» es la más reiterada; «estamos mucho mejor que antes» se aplica siempre para comparar contra el desastre terminal del 2001/2002; nunca se utilizan como base los años 1974 ó 1955 porque ello demostraría cuan lejos estamos de alcanzar mínimos índices alcanzables de igualdad y calidad de vida.

Así convalidan las deudas creadas por la dictadura y acrecidas por Menen y De la Rúa a costa de seguir destruyendo el país y condenando al Pueblo a vivir muy por debajo de sus posibilidades reales. De hecho parecen el menemismo de nuestros días (él también operaba con «lo que hay», como todos los conservadurismos), el único menemismo posible, pasivo y vergonzante, adaptado a las posibilidades políticas de nuestros días, congelando sine die las estructuras de la dependencia heredadas, núcleo del programa real de la «oposición de derecha», a quien utilizan como espantajo para parecer de «centro-izquierda» y presentarse como la única opción. Sin embargo, en ciertas decisiones cruciales, los adversarios pactan una tregua silenciosa y votan al unísono y con celeridad digna de mejor causa. Ya vimos a montescos y capuletos asociarse en el empleo de la ganzúa para aprobar en un santiamén la «suspensión» de la ley cerrojo que habilitó el pago a los fondos buitres, primer paso hacia la reinserción en los mercados de capitales que sólo nos asegurará estar más cerca de la próxima crisis financiera y sometidos a los dictámenes imperiales, borrando con el codo los juramentos firmados en ocasión de sancionar aquella norma legal que prohibió expresamente el pago a los carroñeros. Y ya los habíamos visto compartiendo el silencio respecto de las cerealeras imperialistas durante el conflicto con «el campo», favoreciendo el mantener incólume una estructura de comercio exterior extranjerizada, oligopólica, fraudulenta y evasora, adjudicataria innecesaria y dilapidadora de una parte sustancial de la renta agraria que pertenece a los verdaderos productores y a todo el Pueblo.

Mantienen —y perpetúan, prolongando las concesiones— las privatizaciones, los privilegios monopólicos y la destrucción de nuestra infraestructura estatuidos por el neo-liberalismo, matizando con algunos retoques (que hemos apoyado) emprendidos no por iniciativa propia, sino como respuesta a los desastres de los privados que no ha habido más remedio que asumir desde el Estado lobotomizado en los ´90, al cual ni siquiera se ha intentado reformar con el fin de poder contar con un instrumento imprescindible para iniciar y consolidar un cambio real al servicio de las mayorías. Así continúan reinando la concentración y la extranjerización en nuestra economía y la ausencia estatal en los más diversos órdenes, consignas centrales de un neo-liberalismo que perdura en los hechos, más allá de los discursos. Y cuando surgió la posibilidad de recuperar parte de la propiedad de YPF con una financiación más que sorprendente por lo generosa y desacostumbrada, ella fue a incrementar los bienes de un empresario amigo de los actuales gobernantes, en lugar de pasar a formar parte del patrimonio de todos los argentinos, de donde salió durante el menemato con el apoyo del entonces gobernador Kirchner. Casualmente, el beneficiario de esa compra de acciones de YPF es el titular del banco donde el matrimonio presidencial recibe intereses muy por sobre los vigentes en plaza por sus depósitos a plazo fijo; exentos del impuesto a las ganancias, claro.

Conservan la Ley de Entidades Financieras de la dictadura y la Carta Orgánica del BCRA, con su célebre y perniciosa «independencia» de la banca central, tan «independiente» como el periodismo que padecemos. Como si ello fuera poco, en su momento designaron a su frente a un personero de la usura internacional, un liberal cavallista —denunciado en varias oportunidades como malversador de fondos públicos— inoperante a la hora de frenar una fuga de capitales de más de 40.000 millones de dólares, convalidada oportunamente por la inacción de este gobierno y vuelta a convalidar ahora con la propuesta de pago a los carroñeros, planificada para poder tomar más deuda de la infaltable usura mundial. Así es cómo la deuda pública (de todos los argentinos) se incrementa financiando la fuga de capitales (de pocos delincuentes) en nuestro país, ante la mirada indiferente de sus más altas autoridades y del «progresismo» vernáculo y la callada pero obvia aprobación del establishment y los partidos de la colonia servil, quienes sólo se escandalizan ante la falta de observancia de formalidades de segundo orden, nunca frente a los actos que comprometen la salud financiera de la Nación y el bienestar de su Pueblo. El circo de las peleas en torno a las formalidades de la necesaria expulsión de Redrado no puede ocultar el consenso de los «progresistas» del gobierno con la «oposición de derecha» a la hora de tratar las cuestiones de fondo en esta materia (y en otras), permitiendo a la patria financiera practicar su habitual tarea de exprimir y deprimir el trabajo y la producción nacionales acaparando beneficios desmesurados, imposibles de obtener en otras latitudes. El crédito es casi inexistente pero los márgenes bancarios son la envidia de los usureros del mundo. Con la actual legislación en materia financiera es imposible orientar el crédito en función de las prioridades nacionales, regionales y de sectores productivos: los bancos continúan manejando el dinero de todos como si fuera de su propiedad y atentos sólo a sus beneficios inmediatos, que siguen creciendo sin pausa como un cáncer que avanza sin piedad. Para colmo, muchos de ellos son extranjeros y remesan sus ganancias al exterior, descapitalizando al país. Desde el gobierno no se ha atinado a poner límites a este accionar pernicioso y depredador, como tampoco se ha combatido la apropiación privada y concentrada de todo tipo de rentas sin función que pesan como gabelas insoportables sobre el cuerpo de la Nación. Y cuando se lo ha hecho (como en el caso de las retenciones a las exportaciones agrarias, que ha contado con nuestro apoyo) se hizo mal y sin informar a la ciudadanía los verdaderos intereses en juego, impidiendo los apoyos multitudinarios que esa medida debió haber recogido, al costo de una derrota parlamentaria que alentó una restauración conservadora inédita que tendrá, seguramente, consecuencias nefastas.

En seis años no han tenido tiempo para encarar una reforma impositiva capaz de terminar con una estructura tributaria casi feudal donde los gravámenes se concentran en las bases de las pirámides de ingresos y patrimonios. Los cambios introducidos sólo han aumentado las cargas de la clase media y de sectores de la clase obrera mediante la suba de los montos del monotributo y los retrasos constantes en la actualización de las deducciones personales en el impuesto a las ganancias, que sólo se corrigen después de enérgicas protestas populares, repitiendo la costumbre de actuar recién cuando los rechazos y las presiones se hacen insoportables. Un blanqueo injusto y extemporáneo (después de cinco años de vigoroso crecimiento de las ganancias empresarias) ha venido a salvar a los grandes evasores, otorgándoles incluso la caducidad de las causas penales en trámite a cambio de un aporte ridículo que constituye una afrenta a los buenos contribuyentes y a la conciencia tributaria del país. Otra vez se han condonado los delitos del privilegio.
 
Han vetado una ley de protección de los glaciares —aprobada casi por unanimidad— para proteger los intereses mineros concentrados y extranjeros que dejan la tierra arrasada por la contaminación después de llevarse miles de millones de dólares sin control alguno, sin pagar impuestos y percibiendo subvenciones estatales. La pesca de altura sigue depredando nuestro mar y, al no operarse en tierra, privándonos de emplear mano de obra local en el tratamiento del pescado y el aprovechamiento de sus sub-productos que potenciaría la producción y el desarrollo patagónicos de manera significativa. No se tienen registros actualizados y confiables de los bienes del Estado ni de las propiedades de los extranjeros, ni siquiera de las que han adquirido en áreas de frontera. Tampoco se han establecido límites, cupos o requisitos para las compras de tierras por parte de extranjeros. Sigue pendiente una Ley de Tierras que establezca parámetros y normas a respetar por los titulares de dominio y para la distribución y entrega de la posesión definitiva a tenedores sin títulos pero con derechos innegables. Los más pobres continúan siendo burlados en su posibilidad de acceso a la tierra por los grandes intereses agrarios ante la indiferencia del gobierno nacional y de los provinciales.

Mantienen  a la mitad de la población a merced de la desocupación, la semi-ocupación y el empleo «en negro». Este hecho solo bastaría para negar la condición de «progresistas» a los gobiernos K después de seis años de gestión beneficiados con guarismos notables de crecimiento económico. Pero — y más importante— perpetúan la abolición de facto del peronismo decretada por los gobiernos de la entrega que se han sucedido desde 1955. No otra cosa significa que la mitad de los argentinos no goce del derecho efectivo a la justicia social que implica un empleo en regla y con condiciones de trabajo dignas, y que millones no tengan aún acceso a la vivienda, a los servicios públicos más elementales o a una jubilación que merezca tal nombre.

Han logrado una reforma a la legislación de medios (que hemos bienvenido) recién después de haber roto lanzas con Clarín, aliado del gobierno por cuatro años durante los cuales cosechó prebendas a granel y acrecentó su carácter monopólico, ahora puesto sobre el tapete. Recién después de ese conflicto se han acordado de los negociados pasados y presentes de Papel Prensa. Otros escándalos posiblemente vean la luz cuando sus responsables se malquisten con las autoridades, pero nunca antes.

Podríamos seguir enumerando. Se conservan situaciones de horror hasta en las áreas donde el gobierno goza de más consensos, como en la relativa a los derechos humanos y a la justicia: en todo el territorio nacional se practica la trata de personas, el proxenetismo, el tráfico de drogas, la reducción a la servidumbre y la explotación de menores. La muerte por inanición registra casos indignantes porque son el resultado del abandono de personas practicado sin consecuencias penales para los funcionarios públicos responsables. Los hechos son mostrados por la prensa televisa más sensacionalista pero las autoridades policiales y judiciales tardan demasiado en enterarse y tomar medidas efectivas, apareciendo como cómplices o tolerantes con tales aberraciones. La discriminación para con los aborígenes y los pobres en general muchas veces se manifiesta hasta por parte de autoridades electas o de sus subordinados. El clasismo se puede apreciar claramente en la provisión diferenciada de los servicios públicos en general y de seguridad y justicia en particular, privilegiando la asistencia a los sectores de más altos recursos con los servicios «adicionales» (pagos) de las fuerzas policiales y de seguridad, suerte de privatización parcial pero ofensiva de la actividad irrenunciable del Estado en la materia. La reforma de Poder Judicial sólo ha llegado a la Corte Suprema; los tribunales de primera instancia y las cámaras de apelaciones siguen poblados por jueces impresentables y reaccionarios con sus ojos nunca vendados a la hora de dictar sentencias y decretar condenas. Los fueros federal y contencioso-administrativo (quizá no causalmente) son usinas de escándalos que indignan a la opinión pública: difícilmente un poderoso resulte condenado con prisión efectiva en las causas que en ellos se tramitan. El descreimiento popular generalizado tiene bases concretas y sólidas donde afirmarse y es sobre ellas que operan los medios y la oposición en un frente único.
 
Pero lo que queremos enfatizar es que esa transigencia posibilista de buena parte de los pensadores «progres» y más o menos «abiertos» (aunque cerrados a numerosas realidades inocultables) debería ser inaceptable para cualquier intelectual. La desesperanza o la falta de opciones a la vista no pueden apagar la crítica descarnada a un sistema que sigue siendo básicamente injusto, aun cuando se contabilicen avances y a pesar de que la oposición represente el peligro de una vuelta al pasado más ignominioso. Tan ignominioso como pagar la deuda fraudulenta, pues ella es la clave del arco de nuestra dependencia, la viga maestra de nuestro status colonial, la base sobre la cual se asienta la explotación pasada, presente y futura de nuestro Pueblo. Si no investigamos la deuda ¿vale la pena poner en duda algo en nuestro país? ¿Qué otra calamidad será tolerada, cuántos otros fraudes ratificaremos, haciéndonos cómplices? Si no confrontamos con los falsos acreedores ¿quiénes son entonces nuestros principales enemigos y sus aliados internos y qué mensaje les damos acerca de nuestra voluntad y capacidad de respuesta frente a cualquier nueva agresión? ¿O somos tan poca cosa que ni enemigos tenemos? ¿Debemos aceptar el fraude mayor de nuestra historia porque fue «convalidado» por gobiernos democráticos débiles o entreguistas? Los imperios y sus agencias «multilaterales» ¿no tuvieron nada que ver con este robo gigantesco? ¿No presionaron y extorsionaron a nuestros gobiernos, incurriendo y haciendo incurrir en delitos tipificados aquí y en sus propios países de  origen? ¿Debemos hacer silencio y aceptar lo actuado sin responsabilizar a nadie, sin exponerlos a la opinión pública y sin intentar, por los menos, enviarlos a la justicia y dar por canceladas y por no existentes las obligaciones que resulten ilegítimas? Falta mucho por hacer en nuestra Patria, persisten demasiados derechos elementales conculcados para millones de compatriotas cuya atención se difiere eternamente por «falta de fondos» como para prestar conformidad a un retroceso de tal magnitud como es el asumir la deuda falsa como un compromiso a honrar. Ello implicaría estar dispuestos a pagar con el futuro de millones de argentinos durante generaciones, porque se nos miente también con la magnitud de la deuda, que supera en mucho las cifras publicadas. Quedará de esa manera potenciada la tendencia de cincuenta años de decadencia y sometimiento nacional que se hará prácticamente irreversible porque cada nuevo gobierno tendrá servida en bandeja de plata la coartada de la «especie de legalización» confirmada por sus antecesores. Así no habrá nunca salida y quedará sellada nuestra condición colonial por siempre. Aunque toda la partidocracia local comparta este desatino, nuestros hijos y nietos no podrán perdonar tamaña irresponsabilidad y abandono, semejante cobardía y tal falta de patriotismo.

Asistimos a una nueva retirada de buena parte de la intelectualidad frente a sus irrenunciables responsabilidades históricas. Ya han ocurrido otras en el pasado. Sería oportuno que tomaran debida nota del resultado de las últimas elecciones legislativas, cuando buena parte del electorado se vio seducida por los cantos de sirena de lo peor de la política y de los intereses del privilegio. Ello sólo pudo deberse a que no se distinguió claramente la propuesta del gobierno de la que sostenía el arco opositor más conservador y cipayo. Y esa diferenciación sólo podrá lograrse mediante la implementación de reformas audaces que no dejen lugar a dudas de las intenciones y proyectos (tácitos al menos, aunque mucho mejor sería que fueran explícitos) de un gobierno que se presenta como popular pero resulta desmentido por la realidad de una situación agobiante y sin miras de cambio para vastas capas de la ciudadanía, indiferentes a avances supuestos o reales de los cuales ellas no se benefician o se benefician muy poco y a las distracciones mediáticas y banales que se le presentan como la corporeización de una política vacía de contenidos concretos para su vida cotidiana y el futuro de sus hijos.

Es el propio gobierno quien potencia ese peligroso desencanto popular con sus marchas y contramarchas; sus reformas a medias; sus mejoras en dosis homeopáticas; sus dudas o su inacción a la hora de afectar intereses concentrados; su falta de coraje para cortar los lazos que atan a la Nación con los explotadores de siempre; su renuencia a convocar al Pueblo a jornadas de lucha a fondo contra los sempiternos enemigos de la Patria; su pasividad a la hora de efectuar aportes concretos y significativos a la construcción de la unidad latinoamericana, que nos tiene casi como meros testigos; su apenas disimulada fe en los mecanismos del «mercado» y en el papel benefactor de las «inversiones extranjeras». Ello le impide movilizar a las mayorías en su apoyo, dejándolas a merced de quienes operan demagógicamente a partir de esas debilidades, contando a su favor con la anomia imperante y con medios de comunicación a los cuales no se enfrenta en su propio terreno mediante la generación de una prensa alternativa donde puedan expresarse las más diversas opiniones, enriqueciendo los actuales paupérrimos enfrentamientos binarios. La inacción, la morosidad, la falta de iniciativa, las omisiones flagrantes de este gobierno y algunos de sus incomprensibles errores, son el principal soporte de la oposición conservadora porque ellas lo van dejando sin pueblo que lo sustente y esto envalenta a la reacción más cavernícola. Los casos de Cobos y Redrado son un ejemplo cabal de la falta de manejo político, que en estos casos ha convertido a dos nulidades absolutas en referentes (aunque fugaces) de la oposición. Los avances que este gobierno ha producido no han alcanzado —está visto— para aportar esa masa crítica de apoyo imprescindible con los cuales enfrentar a la oposición y continuar un camino de reformas de fondo. Las últimas elecciones chilenas deberían servir de enseñanza acerca de las consecuencias que pueden acarrear las medias tintas y las contemplaciones para con los intereses del status quo. De tanto conformarnos con poco vamos a quedarnos sin nada, y el país está en condiciones de aspirar y realizar mucho más.

En materia de deuda externa, el Ecuador ha dado una magnífica lección a América Latina que no debería caer en saco roto porque prueba de manera irrefutable que existen alternativas a la aceptación de la entrega y a la sumisión, investigando la deuda y probando su origen fraudulento. Vueltas de la historia: hubo un tiempo en que este tipo de ejemplos los dábamos nosotros, alentando la formación y el fortalecimiento de movimientos nacionales en toda Latinoamérica a partir de nuestras realizaciones concretas, iniciadas en soledad. Después de la auditoría y renegociación llevada a cabo por el Ecuador no procede aplicar la idea de diferir el tratamiento de la deuda hasta que se conforme un frente latinoamericano. Ello implicaría posponer la cuestión hasta las calendas griegas. Mirando el mapa político actual de nuestra patria inconclusa veríamos rápidamente que los eventuales socios para tamaña empresa serían muy pocos. Y la auditoría de la deuda debe hacerla cada país por sí. Y, mientras tanto, podremos ir buscando aliados con quienes enfrentar juntos la acción de pagar sólo lo legítimo y la presión consecuente de los estados imperiales y de sus instituciones «multilaterales» subordinadas en defensa de sus usureros. Pero esa acción primera e imprescindible será la única que podrá generar aliados que recién entonces podrán estar seguros de que la Argentina los acompañará lealmente, pues ya habrá roto con un pasado vergonzoso de tres décadas de entregas reiteradas y de dar la espalda a esta causa que afecta a todo el continente. El Ecuador lo ha hecho solo. ¿Por qué no podríamos hacerlo nosotros y juntos, con ambos antecedentes, organizar entonces un frente latinoamericano de repudio a las deudas ilegítimas? ¿Qué impide comenzar ya mismo la tarea, como no sea una falta manifiesta de voluntad política para investigar la deuda y dar así un gran paso hacia la dignidad de nuestro país y de los países hermanos, fortaleciendo nuestra unidad?

¿Qué es lo que no puede hacerse —si se tiene la voluntad— desde la cima misma de un gobierno legítimo y democrático? ¿Acaso no pudo iniciar un cambio patriótico, popular, profundo, radical e inédito el Coronel Perón desde aquel oscuro Departamento Nacional del Trabajo de un régimen nacido de un golpe de estado, enfrentando los mismos intereses y la misma oposición que hoy, pero partiendo entonces de la nada, con un pueblo agobiado por un régimen de entrega? Aquel patriota singular no contó en los inicios con partidos políticos, ni con sindicatos organizados, ni con prensa o grupos intelectuales favorables, ni con bases territoriales de apoyo. No disponía por entonces de amigos o aliados en Latinoamérica o en el resto del mundo. Al contrario, toda la estructura del poder económico, político, social, periodístico y académico, local y extranjera, le era profundamente hostil. Sus enemigos mortales estaban presentes en su propia base de lanzamiento: un Ejército cuya oficialidad había sido purgada por los generales Uriburu y Justo durante la Década Infame de todos los elementos nacionales provenientes del yrigoyenismo; por otra parte, la Armada nunca lo aceptó. Como si ello fuera poco, desde los centros del poder imperial y hasta desde los países vecinos se lo señalaba como la encarnación misma del demonio y no se ahorraron intrigas para desprestigiarlo y derrocarlo, aun antes de que asumiera constitucionalmente la Presidencia de la Nación. Aunque también es cierto que no disponía de un abultado patrimonio personal que distrajera su tiempo en hacerlo crecer significativamente durante su mandato, ni se le contabilizaban amigos hechos millonarios rápidamente con negocios vinculados al Estado; como que tampoco se enriquecía comprando muy barato tierras fiscales para venderlas muy caras al poco tiempo. Pudo trabajar para el bronce porque no lo hizo por el oro. Pero también en aquella época tallaban poderosos intereses concentrados (locales y extranjeros) en nuestra economía (comercio exterior, banca, servicios y obras públicas, energía) y en los medios de prensa, pero fueron puestos a raya con decisión, coraje y con el apoyo popular masivo fundado sobre el respeto y la confianza depositada por las masas en quien había probado que gobernaba defendiendo exclusivamente el interés del Pueblo. Su base popular — multitudinaria, fiel, entusiasta y perdurable— la construyó desde cero, mediante un arbitrio muy simple pero desusado en nuestra historia, aunque digno de ser emulado algún día: gobernar para las mayorías argentinas. Así se cambian las condiciones políticas cuando se dispone de algún poder o se está dispuesto a obtenerlo: demostrando con hechos concretos la naturaleza patriótica y popular de un gobierno, de una idea, de un movimiento; lo que se está dispuesto a hacer, a quiénes se está dispuesto a enfrentar y a quiénes a beneficiar. Perón no se sentó a esperar —como algunos intelectuales— que las condiciones políticas cambiaran, trabajó para cambiarlas implementando reformas impensadas para la sociedad de su tiempo. Algo parecido había hecho Yrigoyen, intentando hasta golpes de estado armados para hacer retroceder al «régimen falaz y descreído» de una oligarquía que no toleraba siquiera el voto popular. La sentencia «lo que se pudo, se puede» debería ser el leit motiv de los políticos  que se consideren populares, para que lo tengan en cuenta a la hora de arrogarse grandes avances que suelen ser muy modestos cuando se los compara con las realizaciones de otras épocas, tanto o más difíciles que la actual.

No se trata sólo de dar la alerta ante los peligros del mañana. Se trata de evitar que esos peligros sobrevivan amenazantes, dejando de alimentarlos con la aprobación acrítica de medidas que, en definitiva, asimila posiciones que se presentan como opuestas pues parten de una verificada negación a asumir plenamente y en todos los órdenes la causa nacional y popular. Así sólo se asegura la derrota —como en una profecía autocumplida— frente a aquellas amenazas, negando a un gobierno que se encierra en si mismo un mecanismo de seguimiento y control de sus actos que le permita corregir el rumbo a tiempo, privándolo de las ideas enriquecedoras que puede generar un amplio espectro de sectores y puntos de vista para construir un proyecto verdaderamente patriótico que facilitaría los apoyos masivos, evitando así tener que ceder frente a los chantajes del imperio y del establishment local, cayendo en los consensos de cúpulas que siempre se erigen a espaldas del Pueblo.

Una aquiescencia permanente se parece mucho a la genuflexión y ambas aportan siempre al enemigo. Esta es la peor contribución que pueden realizar los intelectuales —muy cercana a la traición por sus efectos concretos, aunque no en la intención— por más que halague el oído de los eventuales receptores de un mensaje complaciente, que pueden en ocasiones valorar la sumisión estéril en lugar de la crítica veraz, inteligente y constructiva. La experiencia del General Perón también vale en este sentido, si recordamos cómo un coro omnipresente de aduladores contribuyó a su aislamiento y posterior caída en 1955. De ese golpe el Pueblo Argentino aún no se ha recuperado, y nada contribuye menos a una recuperación de los sectores populares que quienes se consideren intelectuales del campo nacional y popular mantengan las posiciones conformistas del presente, pues ellas sólo permiten augurar «una especie de legalización» de otra derrota de la Nación.☼

 

Luis J. del Rosario
25/01/10

Volver