El anunciado proyecto para modificar el sistema privado de jubilaciones, sancionado por el Dr. Menem y avalado por todos los gobiernos hasta el presente, no puede menos que apoyarse, ya que no sólo fue un saqueo financiero al país, un acto criminal contra el Estado en beneficio de un reducido grupo de corporaciones extranjeras, entre ellas una trasnacional británica (HSBC-Máxima), sino que también fue un instrumento perverso y genocida contra los derechos constitucionales de millones de jubilados. Nadie ignora, además, que la jubilación privada fue un negociado financiero inducido, proyectado e instrumentado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sus ejecutores fueron el gobierno de Menem- Cavallo- Duhalde y el Parlamento justicialista de la época. El razonamiento menemista para privatizar el sistema jubilatorio estatal, que estaba enmarcado en su política de desnacionalización del patrimonio argentino, se fundamentaba en que el Estado había fracasado en dar cobertura a la seguridad social de los jubilados. Era cierto. Pero no era toda la verdad. No explicaba la naturaleza de la crisis del sistema de reparto o estatal, que no era sino consecuencia de la crisis económica del país, de los bajos salarios, de los altos índices de desocupación y del trabajo en "negro", que hacían deficitarias las cajas jubilatorias. A estas irregularidades se les sumaba el hecho de que todos los gobiernos rapiñaban los fondos jubilatorios para cubrir sus baches fiscales. Evidentemente, entonces, el destino del ahorro público de los trabajadores tiene una gran significación social y política. Por eso mismo es menester que la sociedad argentina sea informada, tanto de la historia del sistema previsional como del significado de su reestatización, para que sea partícipe de su destino.
Corresponde igualmente explicitar con absoluta claridad, cómo se administrarán los fondos jubilatorios en poder de las AFJP. No es ociosa la inquietud, dado que se trata nada menos de 30.000 millones de dólares acumulados, y de 4.000 millones de dólares anuales. Constituye, por lo tanto, un dato político, el considerable escepticismo y la desconfianza que tiene la sociedad, no sólo respecto del gobierno, sino del resto de las instituciones de la República. No es un despropósito de la oposición considerar que el proyecto del Ejecutivo se explicaría ante el hecho de que la crisis internacional, al provocar la caída en picada de los precios de los productos agropecuarios y quebrar el superávit fiscal del gobierno, el mismo se equilibraría con los fondos de las AFJP transferidos al ANSES. De esta manera, el Poder Ejecutivo no tendría problemas para hacer frente al pago de la dolosa deuda externa en 2009, sin recurrir al mercado financiero internacional en crisis.
Estos argumentos dan pié, dado el escepticismo de la sociedad ante los constantes golpes recibidos, por parte de tantos gobiernos, a guiarse con aquello de "piensa mal y acertarás", es decir, a considerar que el verdadero motivo del proyecto presidencial pasa por asegurarle a las corporaciones internacionales el pago de la fraudulenta deuda externa que vence el próximo año. Desde luego, si así procediese el gobierno, habrá no sólo de dar un golpe mortal al patrimonio de los jubilados, sino también sellaría su propia ruina política. Esta circunstancia de recelo colectivo obliga a la Presidenta , al Parlamento y a los dirigentes políticos, a establecer reglas claras sobre el sistema que administrará la seguridad futura de millones de argentinos. Por supuesto, el sistema privado de jubilación ha fracasado por completo. Ha servido para la acumulación de desaprensivos privilegiados. Como lo ha recordado el diputado Héctor Recalde, las AFJP, en sus catorce años de vigencia, han embolsado 34.000 millones de pesos (más de 10.000 millones de dólares), ¡un verdadero saqueo a los aportes jubilatorios! Otro asalto a la auténtica capitalización del país y del sistema provisional, lo efectivizaron las AFJP al orientar hacia el consumo, mayoritariamente de productos extranjeros, los fondos provisionales. O sea que el publicitado "mercado de capitales", conformado por los recursos de los jubilados, servía para financiar las importaciones innecesarias de empresas transnacionales. Esto era un absurdo, pues es obvio que el ahorro de los argentinos sólo debe financiar proyectos estatales o privados que sirvan al mercado interno y al pueblo argentino. La oposición, por su parte, incapaz de elaborar una sola idea que sirva al interés nacional o a los jubilados, objetivamente forma parte del universo de la dupla Menem-Cavallo que, bueno es recordarlo, el radicalismo convalidó en el Pacto de Olivos. Ahora también los industriales, asociados a la UIA , levantan la voz. Reclaman "seguridad jurídica" y el respeto a la propiedad privada. Ambas muy loables, pero la obviaron olímpicamente en 1994 cuando los multimillonarios aportes jubilatorios quedaron entre los dedos de la banca extranjera.
Más aún: los "capitanes de industria" desde hace cincuenta años pisotean las normas constitucionales que establecen: jornadas limitadas de trabajo, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección y protección contra el despido arbitrario.
Estas consideraciones se encuentran en el artículo 14 bis de la Carta Magna de los argentinos. Como lo hemos señalado, Causa Nacional apoya la reestatización del sistema previsional pues considera que constituye un enfrentamiento objetivo con el capital financiero trasnacional, y sólo así se defenderá adecuadamente el interés nacional y los aportes jubilatorios de los trabajadores. Para que tal proyecto cumpla sus fines verdaderos, deberá regirse por el principio básico de la intangibilidad de los recursos, pues los mismos deben servir, en primer lugar, para garantizar una jubilación digna, orientada a concretar los objetivos históricos de los jubilados: el 82% mínimo, vital y móvil. Posteriormente sus recursos pueden servir para financiar proyectos de carácter nacional y estratégico. Como la canalización del Bermejo, que pondría en pié las economías regionales del norte argentino. Para que tales propósitos se cumplan, el sistema previsional estatal debería estar administrado por los representantes de los jubilados elegidos por el voto directo, por los delegados de la Central Obrera en representación de los trabajadores activos, aportantes al sistema previsional y por el Estado. La República requiere recuperar su Proyecto Nacional. La gran causa de los jubilados puede ser un punto de partida. Los hechos hablarán.
Agrupación Causa Nacional
25 de Octubre de 2008
