La reapertura de una estafa a la Nación
La decisión del gobierno nacional de proceder a «suspender» la ley cerrojo que prohíbe el pago de las supuestas deudas pretendidas por los fondos buitres es una concesión del matrimonio K a los peores intereses que han saqueado nuestro país y una prueba concluyente de la ausencia de un proyecto nacional que afirme nuestra soberanía frente a la usura y la dominación imperialista.
La medida —que implica desde el vamos incrementar la deuda externa en casi 30.000 millones de dólares— tiene por objeto abrir las negociaciones para pagar una deuda odiosa al Club de París; obtener la bendición del FMI para obtener nuevos préstamos externos que producirán más endeudamiento y ajustes regresivos; y facilitar la llegada de nuevas «inversiones» externas que sumarán a la ya insoportable extranjerización de nuestra economía, con su secuela de mayores remesas de fondos al exterior y pérdida de autonomía nacional en materia de decisiones productivas.
Esta medida contará con el beneplácito forzoso del partido gobernante y el voluntario de una «oposición» que comparte la indiferencia hacia los destinos de la Patria y el bienestar del Pueblo, a cuyas generaciones futuras se atará con cadenas cada vez más gravosas en aras de salir del atolladero del corto plazo al cual han llevado a la República la falta de patriotismo y de coraje de sus gobernantes. Ya habían anunciado la Sra. Carrió y su delfín que se debía volver al FMI; se sumarán al coro de la entrega el mundillo de las finanzas y el gran empresariado industrial y rural, alienados a los intereses foráneos tanto como buena parte del gabinete K. El establishment estará de parabienes, aunque disimulará un poco para no perder su título de «oposición» frente a un electorado cada vez más confundido ante las idas y venidas sin rumbo de sus «representantes».
Como en los viejos tiempos de la factoría agraria, la partidocracia del régimen colonial apuesta todo a la «ayuda» extranjera, sin querer comprender que la Argentina —y America Latina toda— es exportadora neta de capitales y no requiere más que poner esa riqueza al servicio de su pueblo para conseguir el despegue que la libere definitivamente de humillantes tutelas extranjeras y del atraso y la miseria generalizados.
Se agrega ahora un nuevo eslabón a la cadena que nos mantiene sometidos. Las promesas de hace cuatro años han caído en saco roto, al igual que otras. La investigación de la deuda parece no ser una alternativa factible para quienes hoy promueven esta apertura ni para quienes manifiestan su acuerdo. Sin embargo, la cuestión de la falsa deuda es el punto medular para la resolución del dilema histórico de la Argentina: liberación o dependencia. Decisiones como la que hoy comentamos ponen en claro —más allá de cuestiones secundarias y de estilos— de qué lado de esa disyuntiva central se alinea la mayoría de los políticos del régimen.
Hacemos nuestro el documento elaborado por diversas personalidades y agrupaciones con fecha 26 del corriente, sumándonos sin reservas a su reclamo final:
¡NO al pago de la deuda ilegítima! ¡Auditoría YA!
Agrupación Causa Nacional
28 de octubre de 2009
Reabrir el canje de deuda es violar el derecho soberano del pueblo argentino
El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que girará al Congreso Nacional el proyecto de modificación de la denominada ley cerrojo que convalidó el canje de deuda llevado adelante a principios de 2005, por la administración del entonces Presidente Néstor Kirchner.
En ese momento, el Gobierno nacional aseguró rotundamente, con esta ley, que no existía posibilidad alguna que los tenedores de bonos, que se negaban a aceptar la propuesta oficial pudieran tener acceso a un nuevo canje de deuda. Esta posición fue sostenida como una medida soberana del Gobierno argentino. Fue defendida en distintas instancias internacionales frente al avance de los juicios iniciados por los “holdouts” y los fondos buitres, alentados por las casas matrices de los bancos, quienes tuvieron una gran cuota de co-responsabilidad en el engaño a sus clientes, algo de lo que nunca se hicieron cargo.
Cuatro años después, con la propuesta de una quita mayor, pero con la intención de pagar esa porción de deuda, que en su momento quedo en cesación de pagos por no entrar en el canje –U$S 20.000 millones en un principio, hoy más de U$S 29.000 millones gracias a los intereses acumulados-, el Gobierno anunció su reapertura y echó por tierra la supuesta bandera de soberanía financiera ganada a partir del canje y el pago de la deuda reclamada por el Fondo Monetario.
Hoy, reabrir el canje es violar el derecho soberano del pueblo argentino a sostener decisiones unilaterales en defensa de la vida y en beneficio de los derechos humanos. ¿Cómo se puede sostener una medida así y seguir diciendo que es en beneficio del pueblo? Cuando se sabe claramente que es a favor de los fondos buitres y de la banca internacional, especialmente del Citi Bank, el Barcklays y el Deutch con quienes el gobierno firmó una “Carta Mandato” para llevar adelante el canje. Al mismo tiempo, continúa la sangría de recursos de nuestro Presupuesto Nacional para el pago de una deuda ilegítima e ilegal, por encima del asignado a salud, educación o vivienda.
Esta medida debemos entenderla y analizarla dentro de la lógica que viene proponiendo el Gobierno nacional y las Instituciones Financieras Internacionales, que significa continuar tomando deuda en los mercados de crédito y endeudando al país. Pero para esto se plantea la necesidad de saldar la deuda odiosa reclamada por el Club de París, previo acuerdo y revisión de nuestra economía por parte del FMI, para lo cual también hace falta llegar a un acuerdo con los “holdouts”. Toda una cadena que vuelve a poner en evidencia que el país continua inmerso en el círculo vicioso de la deuda, que cuanto más pagamos más debemos y que es necesario romperlo de una vez por todas para efectivamente empezar a construir una soberanía financiera al servicio de los derechos del pueblo argentino y no del capital concentrado. En ese sentido, el Gobierno y el Congreso Nacional deberían avanzar en una auditoría integral y participativa de las deudas ilegítimas reclamadas, antes de seguir priorizando su pago por sobre las necesidades del país.
¡NO al pago de la deuda ilegítima! ¡Auditoría YA!
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