PETROLEO: IRRACIONALIDAD MUNDIAL Y ENTREGA ARGENTINA

Por Eduardo Galli

Al dirigir la atención sobre cualquier actividad económica o política en la Argentina actual, no tardarán en saltar a la vista las evidencias escandalosas de su condición de semicolonia. En cuanto a la energía, nuestro país es uno de los pocos del mundo que ha enajenado en forma absoluta su manejo.

Durante la época menemista el principio del interés colectivo fue reemplazado declaradamente por el de máxima ganancia privada y apertura indiscriminada como eje rector de la economía, y este esquema no fue cambiado, en los hechos, hasta la fecha.

No debe perderse de vista que la energía en todas sus formas constituye el nutriente vital de la economía de un país; en el nuestro el 90 % de ella proviene del gas natural y del petróleo, y el 81 % de los hidrocarburos son explotados por cuatro empresas multinacionales. Semejante concentración en las actividades económicas no puede derivar sino en una aberrante concentración de poder. Obsérvese por ejemplo los grandes medios periodísticos comerciales que no se atreverán a criticar, ni siquiera a realizar un análisis serio, del problema energético por temor a perder la publicidad de este sector económico concentrado. Como es lógico estas empresas son regidas por el principio de máxima ganancia en el corto plazo, lo que en el escenario actual de altos precios internacionales del petróleo, implica la extracción y exportación hasta el agotamiento de yacimientos que habían sido explorados y señalados por la "ineficiente" YPF estatal. Casi ninguna inversión importante se destina a la prospección ni, mucho menos, a la preservación del medio.

No es tarea de estas empresas pensar en lo que nos deparará el porvenir, ni defender el interés de los argentinos, no obstante es su actividad la que determinará nuestro futuro, dado que hasta el momento no hay marco legal, ni voluntad política, que defienda nuestros intereses ni los de las futuras generaciones.

Organismos internacionales han determinado que dentro de 30 años la demanda mundial de hidrocarburos será un 60 % mayor que la actual, pero esta demanda presionará sobre un mercado cuya oferta será decreciente, pues según los mismos expertos las reservas mundiales se agotarán en unos 50 años. Puede inferirse lo que sucederá con los precios, y con los países débiles que posean reservas, que correrán el riesgo de ser transformados en "democracias" luego de varias noches de bombardeos.

Como dijera Manuel Ugarte no puede apelarse a una racionalidad basada en la solidaridad universal para juzgar la política imperial, pero la única forma de detener un colapso que de una u otra manera puede afectar a toda la humanidad, sería racionalizar a escala mundial el consumo de hidrocarburos, mientras se desarrollan fuentes de energía alternativas. Pero el capitalismo salvaje que rige el mundo ya ha demostrado su absoluta incapacidad para encarar esta tarea.

En el caso de nuestro país se estima que las reservas de petróleo y gas (tomando en cuenta las comprobadas y un 50 % de las probables) durarán como máximo, 8 y 10 años respectivamente y mucho antes deberemos comenzar a importar. Piénsese entonces el significado que tiene y tendrá su actual explotación y exportación indiscriminada si Argentina tuviese, en un futuro no tan lejano, que salir a importar petróleo con precios varias veces superiores a los actuales. El problema del gas durante 2004 resulta un anticipo elocuente. También podemos relacionar esto con la actividad de "nuestro" Congreso y de los políticos que conforman los gobiernos nacionales y provinciales y los de oposición (salvo honrosas excepciones) cuyo más caro ideal es obtener un cargo o permanecer en el que ocupan de por vida, y cuya visión de futuro los lleva, a lo sumo, hasta las elecciones de 2007.

Si miramos las contrataciones entre las empresas privadas y los Estados de los "países serios", observaremos que la renta producida por el petróleo queda en estos, de una u otra manera, en manos del Estado, cosa que no sucede en la Argentina post-privatización.

La Izquierda Nacional ha señalado hace años la diferencia que existe entre el beneficio de una empresa, que se considera remuneración de su inversión en capital, y la renta diferencial, que es el beneficio extra que deriva de la propiedad del recurso y de las ventajas naturales de una determinada geografía. Esta última pertenece a la comunidad que habita ese suelo, y esto es tanto más válido para productos no renovables como los hidrocarburos.

En la recuperación de las decisiones soberanas y de la renta para el pueblo boliviano se enmarca la enérgica y patriótica decisión del gobierno de Evo Morales de recuperar la propiedad de las reservas desplegando sus Fuerzas Armadas en los yacimientos, incluyendo los de Santa Cruz de la Sierra, y que han suscitado el apoyo de los pueblos latinoamericanos y espantado al imperialismo, que junto con la rosca oligárquica ya operan descaradamente contra el gobierno popular. Debemos también señalar desde aquí la importante presencia que como ministro de hidrocarburos de Bolivia, tuvo nuestro compañero de la Izquierda Nacional Latinoamericana, Andrés Solíz Rada, incansable luchador por la soberanía de su Patria y de América Latina que fue una de las pérdidas en estos primeros combates.

¿Y ENARSA?

Habrá que apoyar la creación de esta empresa estatal... cuando se sepa cual va a ser su finalidad real. Si tenemos en cuenta la escasez de los recursos que le han sido asignados y las declaraciones de su presidente, que aclaró que no nació para competir con las empresas privadas sino para actuar en áreas marginales, un espíritu paranoico pensaría que tiene dos finalidades: a) servir de cartel para mostrar a los sectores populares, y b) tranquilizar a los privados a quienes se les comunica que se seguirán llevando las ganancias mientras el pueblo argentino seguirá haciéndose cargo de las pérdidas.

Despiertan esperanzas las declaraciones que expresan la intención de asociarse con los países latinoamericanos para impulsar la explotación común y construir un oleoducto que partiendo desde Venezuela, atravesaría el subcontinente. Veremos si priman estos proyectos impulsados fuertemente por el gobierno de Chávez y apoyados por Bolivia, o las órdenes provenientes del Norte que encargarían a los gobiernos de Argentina y Brasil frenar los movimientos independentistas en Latinoamérica.

Un gobierno patriótico podría hacer de Enarsa una herramienta importante para el control de nuestra economía, pero como la ley le asigna posibilidades de explorar la plataforma marítima, otro tipo de gobierno podría asociarla con privadas para acabar también con estas reservas. La creación de Enarsa no parece haber intranquilizado a las petroleras ni a los gobiernos extranjeros que las defienden: habrá que estar atento a las próximas operaciones de esta empresa, pero de hecho, hasta el momento, el alarmante escenario descripto anteriormente no ha sido modificadas en absoluto por su creación.

¿QUE SUCEDE EN OTROS PAISES?

En la mayor parte de los países el Estado se queda prácticamente con la totalidad de la renta petrolera, y las empresas con los beneficios, y esto puede hacerse de dos modos diferentes: a través de empresas estatales (caso de Méjico o Venezuela) - imprescindibles en países del tercer mundo que carecen de una burguesía lo suficientemente poderosa como para explotar los hidrocarburos - en los que queda como propiedad de la Nación la totalidad de la renta y los beneficios, o a través de impuestos o retenciones a las empresas privadas que totalicen un valor compatible con el de la renta, o combinaciones de ambos modos, donde operan la compañía estatal junto con privadas como es el caso de Noruega y otros países europeos. El Estado puede transferir renta a la comunidad vendiendo los combustibles en el mercado nacional a precios menores que los internacionales, para estimular y hacer más competitiva la producción interna (caso de Venezuela), o puede venderlos a precios internacionales quedándose así con la renta para utilizarla de otra forma.

Además los Estados nacionales toman muy seriamente el problema de la política energética: desde el alistamiento militar para apoderarse de yacimientos o para defenderlos, la promoción de golpes de Estado, la movilización popular para defenderse de ellos y la creación de conciencia sobre los recursos naturales, pasando por un control verdadero de las empresas privadas, inversiones en infraestructura, como las políticas de desarrollo tecnológico y científico para el hallazgo de energías alternativas (caso de Brasil con la alconafta). Es significativo que en nuestro país, donde el transporte automotor se movió con alconafta (recurso renovable y menos contaminante) en las provincias del Norte, ésta fue eliminada del mercado en la época de la privatización de YPF.

Debe tenerse en cuenta que aunque los países europeos (que se proveen fundamentalmente de los hidrocarburos rusos) cuentan con empresas estatales o con participación estatal, no resulta para ellos de tanta importancia esta participación del Estado en la extracción como en los países periféricos, puesto que la mayor parte de la explotación la practican empresas mixtas y grandes empresas privadas nacionales, y cuando estas actúan en el extranjero sus ganancias revierten casi totalmente a estos países.

En el caso de Estados Unidos resulta innecesaria una empresa petrolera estatal, puesto que sus gobernantes, que en la actualidad son magnates petroleros, cuidarán que sus ganancias retornen a sus centros financieros y porque allí el Estado invierte sumas cuantiosas en la principal "empresa" estatal que son sus fuerzas armadas, reaseguro de que nunca quedarán sin petróleo. Y más allá de la zoncera del discurso privatista que venden para que lo apliquen los demás, ya sabemos de que manera interviene el Estado y su principal "empresa estatal", en la política petrolera norteamericana.

Algunas cifras mostrarán mejor la situación actual: mientras que en Méjico o Venezuela el Estado percibe el 100% de la renta, en Argentina, con una renta petrolera estimada por el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos en 7500 millones de dólares en 2004, las empresas debieron pagar de acuerdo a las imposiciones nominales 2400 millones, es decir la tercera parte. Agreguemos a esto el hecho que resultaría insólito en otro país, pero bastante natural en el nuestro, de que los volúmenes extraídos no se miden sino que se basan en declaraciones juradas... de las propias empresas.

En Venezuela la nafta tiene un precio mucho menor que en Argentina (con dos dólares se llena el tanque de una camioneta), lo cual muestra como un gobierno puede volcar hacia la comunidad y el sistema productivo la renta petrolera. En Noruega la empresa estatal Statoil explota los yacimientos y también participan algunas privadas. Existen en este último país dos regímenes: en el primero la empresa se ocupa de la exploración haciéndose cargo de todos los costos: si halla un yacimiento, comparte los beneficios y además se les impone entre un 25 a 50 % de impuestos. En el caso de explotar yacimientos ya localizados la imposición es del 78 %, al que se agrega entre el 8 y 16% como remuneración a la anterior prospección. Existe además un plus de "sanción" por metro cúbico de anhídrido carbónico emitido a la atmósfera. Estos datos corresponden a uno de los países con mayor renta per cápita (y de las mejor distribuidas) de la Tierra.

Al analizar estas cifras debe considerarse que en Bolivia -antes de la nacionalización - el costo de extracción era de 1 dólar, en la Argentina de 6 dólares si se suman costos de prospección que las empresas no realizan, y en el golfo de Méjico puede pasar los 10 dólares. Como el precio internacional está rondando actualmente los 80 dólares, podrá apreciarse la magnitud del negocio.

¿QUE DEBERÍAMOS HACER?

Mientras se dilata la respuesta a la propuesta venezolana de formación de una empresa petrolera latinoamericana, el actual gobierno parece haber asumido la situación de peligro y ha decidido... mejorar la rentabilidad de las empresas privadas para fomentar la exploración, esta política sugiere el soplo del capital concentrado y del gobierno norteamericano en los oídos del gobierno argentino.

Cualquier argentino con sentido común podría tender las líneas generales de acción con respecto a la política energética, que no resultaría muy distinta de la que imponen los países "en serio" como los califica Kirchner:

a) Propiciar una empresa estatal fuerte y con recursos tecnológicos que "ocupe" estratégicamente la totalidad del territorio, promoviendo el asentamiento de poblaciones y medios de transporte y comunicación donde se considere necesario como en su momento lo realizara la YPF argentina.

b) Proveer el marco legal y los medios materiales para que la renta petrolera quede en la Argentina.

c) Utilizar parte de esta renta para la prospección y explotación.

d) Racionalizar la explotación con vistas a llegar al momento del agotamiento de los yacimientos, en un futuro donde esté asegurada la provisión de energías alternativas que reemplacen a los hidrocarburos.

e) Asociarse con otras empresas latinoamericanas sosteniendo el "compre argentino" y "compre latinoamericano" para sus insumos.

f) Invertir para el cuidado del medio.

g) Utilizar parte de la renta para la investigación y desarrollo de fuentes de energía renovables y "limpias".

h) Utilizar la potencialidad de la empresa estatal como un centro de excelencia en el desarrollo tecnológico.

Algunos argumentarán que la carencia de recursos haría imposible este proyecto. Son los mismos que sostienen que la prioridad es pagar la deuda externa de origen delictivo que está requiriendo la transferencia de miles de millones de dólares anuales al extranjero. Sólo una fracción del superávit anual de la Argentina permitiría iniciar las operaciones de una verdadera empresa petrolera estatal que luego se sostendría con parte de la renta por ella generada cómo sugieren los números que acabamos de exponer. Una vez iniciado el ciclo económico, la empresa proveería ganancias de la magnitud antes señalada que quedarían en la Argentina. Debemos apoyar al movimiento pro la recuperación de YPF promovido entre otras personalidades por Pino Solanas y Mario Cafiero, pues es perfectamente posible - desde los puntos de vista legal y económico - renacionalizar la empresa. Tal como se hizo en Bolivia sería un buen comienzo para que nuestro pueblo, incluyendo sus fuerzas armadas, saliera del camino de derrota y de resignación al que ha sido arrastrado por el imperialismo y los gobiernos que le sirvieron.